A pesar de que existe un marco jurídico tuitivo con respecto a la población desplazada, la protección efectiva de sus derechos sigue siendo una deuda pendiente, tanto de la sociedad, como del Estado colombiano. Considerar esta población como víctima de un delito, y de violaciones a sus derechos humanos, hace que sus miembros tengan derecho a la justicia, la verdad y la reparación. Frente a la atención de la población desplazada, la declaratoria de un estado de cosas inconstitucionales por parte de la Corte Constitucional, confirmó el escaso avance en el goce efectivo de sus derechos, lo que en materia de reparaciones significa una vulneración de tal derecho.